Resumen: La Sentencia de instancia indica que es competencia del Ayuntamiento a obligación del mantenimiento y conservación del aparcamiento. Esta afirmación queda corroborada por la afirmación que el propio Ayuntamiento realiza en trámite de conclusiones, al indicar que ya actúa y que está valorando las posibles iniciativas a adoptar. Obviamente, tal afirmación no deja de ser una suerte de declaración de intenciones, más aún cuando ya han transcurrido cuatro años desde julio de 2019 sin que las reparaciones se hayan efectuado en su totalidad, lo que imposibilita el legítimo ejercicio de su derecho por los concesionarios. Desestima la petición de indemnización, sin perjuicio de que se solicite ante el Ayuntamiento de forma directa. En cuanto a las posibilidades de actuación que tenía el Ayuntamiento, debe señalarse que se trata de una alegación de naturaleza abstracta o teórica pues, en la realidad, el Ayuntamiento no llegó a adoptar ninguna decisión específica al respecto. En cuanto a la alegación del Ayuntamiento apelante del art. 71.2 Ley 29/98 ha de decirse que, ante la inacción del Ayuntamiento, la sentencia lo que hace es tomar la decisión relativa a que aquél ha de dar cumplimiento a su obligación de conservar y reparar el inmueble, lo que no se discute.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si el hecho de que la información solicitada pudiese repercutir en la imagen y reputación de las entidades sobre las que se solicita la información, en este caso referida a sanciones, integra o no el concepto de intereses económicos y comerciales a que se refiere el límite del artículo 14.1.h) de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Resumen: Protección de datos de carácter personal. Derecho al olvido. Solicitud de supresión de información contenida en diversas Url's. Noticias referentes a la actividad del reclamante en empresa anterior ya disuelta, dentro de la misma rama de actividad, si bien referida a veinte años antes, no existiendo actualización. Análisis del artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679 y del artículo 93 LOPDGDD. Análisis doctrinal y jurisprudencial del derecho al olvido. Confrontación de los derechos fundamentales previstos en los artículos 18 y 20 CE. Especial referencia ala STJUE de 13 de mayo de 2014, artículos 12 y 14 de la Directiva 95/46. Se trata de examinar, en particular, si el interesado tiene derecho a que la información en cuestión relativa a su persona ya no esté, en la situación actual, vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre, sin que la apreciación de la existencia de tal derecho presuponga que la inclusión de la información en cuestión en la lista de resultados cause un perjuicio al interesado. Se resalta que las noticias de las Url's se refieren a hechos de hace más de 30 años en un procedimiento con dilaciones indebidas cuya sentencia fue corregida por el TS rebajando la pena impuesta. Afirma la Sala que el tiempo transcurrido y la falta de actualización de la información implican la estimación de la pretensión.
Resumen: Derecho al honor. Inclusión en fichero de solvencia económica. La AP cuestionó la idoneidad de la dirección a la que se envió la carta que incluía el requerimiento, pues no se correspondía con la dirección del demandado, ni con la indicada en el contrato. Recurre la demandada. La sala estima el recurso con base en la doctrina sobre el carácter funcional del requerimiento de pago. Recuerda que su exigibilidad se funda en la necesidad de evitar que sean incluidas en estos registros personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible sin que ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia. Y justifica que no se considere vulnerado el honor del deudor en algunos supuestos de requerimientos defectuosos o de falta de requerimiento (o de falta de prueba de su realización efectiva) en función de las circunstancias de la deuda y del carácter sorpresivo que para el interesado pueda tener aparecer como moroso en estos ficheros. En este caso, los datos del demandante habían sido anotados en el fichero en los últimos 10 años por 11 entidades distintas en más de 30 ocasiones, en su mayoría anteriores a la inscripción por la demandada. Y considera que estas inscripciones previas impiden concluir que se haya producido esa vulneración al honor, aún y cuando el requerimiento previo de pago no hubiese llegado a conocimiento del deudor.
Resumen: En materia de concesión, renovación o revocación de permisos de armas se está en presencia de actos administrativos encuadrables en las denominadas autorizaciones, en los que la valoración de las circunstancias exige, por razón del interés general, una atribución de facultades discrecionales a favor de la autoridad concedente, que no puede ser desconocida en ningún caso, por más que esa facultad de apreciación discrecional no puede suponer una atribución de poder arbitrario. La facultad de la Administración de conceder licencias de caza no ha de ser considerada propiamente discrecional, sino reglada; otra cosa es que la Administración tenga atribuida la capacidad para valorar la idoneidad física y psíquica de los sujetos solicitantes, pero su valoración ha de estar debidamente fundada en hechos y ser razonable y motivada la administración tiene delimitada su capacidad de valorar la idoneidad física y psíquica de los solicitantes de licencias de armas de fuego. No existe un derecho a obtener licencia de armas, pues su expedición tiene un carácter restrictivo y el procedimiento de revocación de las licencias no tiene carácter sancionador, y aunque la presencia de antecedentes penales no es un elemento determinante para denegar la renovación en el caso enjuiciado la conducta del recurrente denota un comportamiento antisocial, del que deducir que pueda representar un peligro propio o para terceros; como si también, el peticionario por ello no es merecedor de la confianza.
Resumen: Se desestima el recurso contencioso interpuesto contra la resolución de la Gerencia Regional del Catastro Inmobiliario, en el expediente de subsanación de discrepancias, que denegó a la propietaria demandante modificar el valor catastral y la cabida, antigüedad y estado de los nueve departamentos de su edificio. El defecto de incongruencia de una resolución administrativa no se produce, solo por que no se haya dado respuesta a una o algunas de las alegaciones o motivos jurídicos del interesado, sino solo si la resolución deja de dar o denegar, lo mismo pedido por el interesado. La superficie considerada en el valor catastral ahora impugnado, ha sido la que resultaba de los planos de construcción del edificio, sin que la prueba aportada permita estimar probada una superficie incorrecta del edificio, que venza la presunción de veracidad de los datos catastrales. Tras los informes aportados, no resulta incorrecto el coeficiente de antigüedad aplicado. Respecto al coeficiente I de estado de conservación, por el valor de 1'00, no hay prueba de otro diferente, pues si después el edificio ha empeorado y precisa reparaciones importantes, el algo que correspondía demostrar a la demandante.
Resumen: La sentencia desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia , al apreciar que no concurren los presupuestos para el triunfo de la acción, en concreto la inexistencia de contienda, y que si existe requerimiento.
Resumen: Resuelve esta sentencia un recurso contra una resolución administrativa que decidía sobre una reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas en el ámbito sanitario, considerando que existió un funcionamiento anormal del servicio, ya que se acredita que ha habido un defecto o insuficiencia en el consentimiento informado realizado al paciente por el centro hospitalario, a raíz de una intervención quirúrgica de resección de quiste hidatídico.
Resumen: La sentencia da respuesta a un recurso contencioso-administrativo en el que la demanda sigue insistiendo en la improcedencia de la sanción tributaria, a pesar que fue anulada previamente por el TEAR. Por ello, y tras atender que el requerimiento de información se atuvo a lo establecido en la LGT y sin que la recurrente pueda tutelar los derechos de terceros ajenos al proceso, llega a la conclusión que para que un gasto se considere deducible a los efectos que nos ocupan, los de la determinación de los rendimientos de la actividad económica, se precisa que resulte "necesario " para la actividad profesional y que asimismo tenga una "vinculación o afectación " a dicha actividad.
Resumen: Se resuelve este litigio con aplicación de la doctrina jurisprudencial derivada de reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que supone rescatar la doctrina tradicional de nuestros tribunales sobre la aplicación del principio de proporcionalidad en los supuestos de simple estancia irregular, de manera tal la expulsión se considera la consecuencia única de la estancia irregular aunque se exige una valoración de las circunstancias concurrentes ya que, a la postre, la expulsión requiere una motivación específica, y distinta o complementaria de la pura permanencia ilegal . El propio Tribunal Supremo analiza en su sentencia de 18 de septiembre de 2023, RC 2251/2021, alguna de la casuística al respecto de los datos negativas o positivos que pudieren justificar o no la expulsión, señalando que deben constar en la resolución que acuerda la expulsión. En el caso que decide considera que no existen datos negativos que avalen la expulsión.
